En una contundente movida para combatir los préstamos “gota a gota”, ocho de las principales instituciones financieras del país se han aliado para lanzar un plan estratégico, buscando ofrecer alternativas seguras y accesibles a las poblaciones vulnerables. Este esfuerzo, apoyado por el Gobierno de la República, pretende no solo facilitar el acceso a créditos formales, sino también educar y alertar sobre los peligros del financiamiento informal extorsivo.
El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) también ha dado un paso al frente, creando un fondo de avales de 10.000 millones de colones. Bajo el “Programa de impulso al microcrédito”, los operadores financieros registrados podrán proponer programas que utilicen este fondo para respaldar sus créditos, permitiendo así un mayor acceso a financiamiento formal para microempresarios y emprendedores.
Francisco Gamboa, Ministro de Economía y Presidente del Consejo Rector del SBD, subrayó la importancia de este programa: “Tenemos hoy un SBD que se suma a apoyar donde se necesita y requiere. En este caso, a quienes necesitan recursos para sus emprendimientos y micros negocios que por sus características tienen inconvenientes de acceso a los programas tradicionales del sistema financiero”.
Este ambicioso plan es el resultado de casi cuatro meses de trabajo conjunto entre entidades como el Banco Popular, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, BAC, Coocique, Coope Ande, Coopenae y Coopealianza, con la colaboración del Gobierno. En una conferencia de prensa reciente, el Presidente Rodrigo Chaves firmó la declaratoria de interés público para estas acciones, subrayando la colaboración público-privada en beneficio de la sociedad.
Las entidades involucradas y el gobierno coinciden en la necesidad urgente de frenar los préstamos gota a gota, conocidos por sus tasas de interés usurarias y condiciones que ponen en riesgo la seguridad y bienestar de los prestatarios. Autoridades como el Ministerio de Seguridad Pública y el Instituto Costarricense sobre Drogas han alertado sobre la conexión de este tipo de financiamiento con el crimen organizado y el narcotráfico.
Según una encuesta del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, publicada en marzo 2024, un 5,34% de la población ha recurrido al gota a gota. De este grupo, el 54% son hombres y el 46% mujeres, principalmente entre 35 y 44 años. Además, un 75% de estas personas nunca ha recibido educación financiera, y un 33% no realiza presupuestos para sus gastos.
El plan de abordaje desde el sector financiero se estructura en cuatro ejes principales:
1. Productos Financieros: Nuevos productos y adaptaciones de los existentes para mejorar la inclusión financiera.
2. Fondos de Avales: Respaldo parcial a las carteras de crédito para mejorar el perfil de riesgo de los deudores.
3. Ajustes Normativos: Flexibilización de ciertas reglas para ofrecer mejores condiciones a los clientes.
4. Campaña de Sensibilización: Educación y advertencias sobre los riesgos del financiamiento informal y fomento de la denuncia.
Desde el 28 de mayo, los clientes bancarios tienen nuevas alternativas en las instituciones participantes, ofreciendo opciones como el “BN Soluciones Microcrédito Ampliado” del Banco Nacional, el “Prestamito Popular” del Banco Popular y el «Salvatanda» del Banco de Costa Rica. Cada uno de estos productos está diseñado para ser accesible y ajustarse a las necesidades de sus usuarios, con plazos flexibles y procesos rápidos.
Laura Moreno, de BAC, destacó: “Nuestro propósito en BAC es reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos. Hemos diseñado productos para prevenir y combatir el sobreendeudamiento y los préstamos gota a gota”.
De igual forma, COOPENAE, Coope Ande y COOCIQUE han desarrollado productos específicos como «Finanzas Sanas», «Bienestar Uno a Uno» y «Credimpulso», respectivamente, para apoyar a microempresarios y otros sectores vulnerables con financiamiento seguro y accesible.
El Presidente Rodrigo Chaves subrayó la relevancia de esta iniciativa y llamó a todas las instituciones del sector público y privado a colaborar en la implementación de estas medidas, facilitando trámites y promoviendo la eficiencia administrativa para apoyar a quienes más lo necesitan.
Este plan representa un esfuerzo coordinado sin precedentes para atacar de raíz los problemas asociados con el financiamiento informal, ofreciendo soluciones reales y accesibles para mejorar la situación económica de muchas familias costarricenses.
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Redacción
